Ana Hernández afirma que okupas no tendrán prioridad en vivienda pública

La situación de la vivienda en muchas localidades ha generado un amplio debate sobre la legalidad y la ética en la ocupación de propiedades. En este contexto, la concejala de Urbanismo de Puerto del Rosario, Ana Hernández, ha hecho importantes declaraciones sobre el futuro de la urbanización Marlape y el tratamiento de los okupas en la zona. La claridad en la gestión de estos temas es esencial para garantizar el bienestar de los ciudadanos y el cumplimiento de la ley.

La complicada situación de la urbanización Marlape

La urbanización Marlape, ubicada en Playa Blanca, es un caso emblemático que resalta las tensiones entre la legalidad y la necesidad de vivienda. Según Hernández, este proyecto enfrenta una resolución firme de demolición debido a irregularidades en su desarrollo. El Sareb, propietario de los inmuebles, tiene la responsabilidad de llevar a cabo el procedimiento sancionador, que podría incluir hasta diez multas coercitivas.

Si el Sareb no actúa, el Ayuntamiento considerará la posibilidad de ejecutar la demolición por fases para restablecer la legalidad urbanística. Hernández enfatizó que “urbanísticamente es ilegal” y que las 85 viviendas involucradas se construyeron sin licencia ni garantías de seguridad. Este tipo de situaciones no solo afecta a los ocupantes, sino que también pone en riesgo la seguridad de los vecinos que sí cumplen con las normativas.

Las denuncias de los vecinos llevaron a la tramitación del expediente de disciplina, que se realizó con rigurosidad técnica y jurídica. Hernández subrayó que es la responsabilidad del político asegurar el cumplimiento de las normas urbanísticas, ya que cualquier acción fuera de la ley puede comprometer la seguridad y los derechos de quienes sí siguen el proceso adecuado.

Opciones de regularización y desarrollos futuros

En cuanto a la posibilidad de regularizar la situación de Marlape, Hernández indicó que “sí se podría haber legalizado, pero el tipo de suelo lo impide”. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que en el futuro se presente una oportunidad para recuperar la legalidad. En este sentido, mencionó que hay empresarios interesados en adquirir la propiedad y cumplir con las normativas necesarias.

Para que esto suceda, es fundamental que se respeten ciertos criterios, como:

• El desarrollo de los viales necesarios.
• La cesión del 10% de la superficie para uso público.
• El cumplimiento de las normas de seguridad y habitabilidad.

Si no se logra materializar esta opción, el Ayuntamiento procederá a la demolición, un proceso que podría extenderse hasta un plazo máximo de diez años, aunque la concejala no anticipa que se agote ese periodo. De hecho, no descarta que el derribo comience durante esta legislatura.

La postura del Ayuntamiento respecto a los okupas

Una de las declaraciones más contundentes de Hernández fue sobre la situación de los okupas en Marlape. Afirmó claramente que “los okupas no irán antes que quienes esperan una vivienda pública”. La concejala destacó que el Ayuntamiento se compromete a atender la situación social de las familias residentes, pero sin otorgar privilegios a aquellos que han ocupado las viviendas de manera ilegal.

La concejala también indicó que los informes sociales revelan que la mayoría de los ocupantes no están en una situación de vulnerabilidad real. Esta afirmación pone de relieve la complejidad de la situación social en la que se encuentran muchas familias y la necesidad de un enfoque equilibrado y justo por parte del Ayuntamiento.

Junto a esto, el Ayuntamiento ha reactivado nuevas promociones de vivienda, destacando un total de 77 viviendas, de las cuales 22 ya cuentan con licencia y están en proceso de movimiento de tierras. Además, se están desarrollando planes parciales como R1 y R7, lo que muestra un compromiso por aumentar la oferta de vivienda en el municipio.

Rosa del Lago: un proyecto que se mantiene a pesar de la oposición

La concejala también abordó el proyecto de la urbanización Rosa del Lago, que pretende ofrecer 2.500 camas en una zona turística cercana a Puerto Lajas. Este proyecto ha sido objeto de controversia, dado que la licencia fue otorgada en 1989 y reactivada en 2020. La situación legal es compleja, ya que el Plan General de Ordenación Urbana de 2017 ya contempla este desarrollo.

Hernández advirtió que, aunque el proyecto esté en marcha, “no vamos a permitir ampliaciones ni modificaciones del plan parcial”. Actualmente se están negociando las condiciones con los promotores, con el fin de reducir el número de camas y descartar proyectos no autorizados como una playa artificial o un campo de golf.

El Charco: el primer informe negativo sobre la ampliación de la central eléctrica

Un tema adicional que ha generado atención es la ampliación de la central eléctrica de El Charco. Hernández confirmó que Urbanismo ha emitido un informe negativo respecto a esta ampliación, oponiéndose a la instalación de un transformador. Este informe, que es claro y técnico, establece que el proyecto “está fuera de ordenación” según el plan general.

La concejala también criticó la falta de competencias del Ayuntamiento en este asunto, mencionando que el Gobierno de Canarias había retirado esas competencias con el controvertido 6B. Sin embargo, el Ayuntamiento ha presentado alegaciones al Plan Energético Estatal, esperando que se incluya el traslado de la central fuera del entorno urbano. “Si no lo incluyen, entonces se han reído de nosotros y de todos los que aquí residimos”, concluyó Hernández, reflejando la frustración de la comunidad.

Este conjunto de declaraciones y acciones por parte de Ana Hernández y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario pone de manifiesto un intento de balancear la legalidad, las necesidades sociales y el desarrollo urbano. La gestión de los temas de vivienda y urbanismo en el municipio es un reflejo de las tensiones y desafíos que enfrentan muchas localidades en España hoy en día.

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